La profunda crisis que asola España ha puesto de relieve cosas que antes podían pasar desapercibidas, o, al menos parecían tener menos ‘importancia’. Mientras el mercado de trabajo estaba ‘sano’, y se vendían pisos y coches, lo que pudieran hacer políticos, sindicatos, Gobierno, administraciones autonómicas y locales… no le importaba demasiado a los administrados, o sí, pero no tanto como ahora, aparentemente.
¿Acaso antes los políticos, diputados, senadores no tenían chofer ni todos los gastos pagados antes de esta crisis? ¿No recibían dietas por desplazamiento a pesar de no tener que desplazarse? ¿No compraban mobiliario que, si no fuera con dinero público, no comprarían jamás? Así hasta una larga lista de interrogantes.
Pues sí, y todos igual, no importaba el color ni la tendencia; era y es algo común, y lo seguirá siendo. En el momento en que ‘tocaba’ un cargo público, parecía que había tocado la lotería: Coches, viajes, despachos… pero con el dinero de todos.
Y ahora, que hay escasez, todos estos comportamientos salen a la luz, y vuelven las promesas de austeridad. Hasta que la crisis desaparezca.
Una de esas cosas que se han destapado es el papel que juegan los sindicatos en nuestra economía y en nuestro mercado de trabajo. Porque la cosa pinta muy mal, y porque hay un contraste muy claro entre lo que ha sucedido en Francia, dos huelgas generales en poco más de un mes, y lo que está pasando en España, líder en desempleo en Europa.
Esto no es una oda a la huelga general, que cada uno es libre de pensar lo que quiera, y además es un derecho constitucional, pero entre una huelga y la actividad desarrollada por las centrales sindicales aquí hay un abismo.
Hechos recientes han puesto aún más en tela de juicio la labor interesada de los dos principales sindicatos de clase en España, UGT y CCOO.
Por un lado, la manifestación de policías y guardias civiles, reclamando mejoras salariales y materiales para hacer su trabajo. Por otro, la huelga de jueces, tanto en Madrid como en toda España, denunciando igualmente, ente otras cosas, la falta de medios para trabajar.
En el primer caso, policías y benemérita, Interior ha dicho que era mal momento para subidas salariales, algo que entienden hasta los propios policías. La excusa de siempre. Los policías tendrán que seguir pagando de su bolsillo el equipamiento de seguridad, tendrán que seguir patrullando en coches defectuosos, etc.
Sin embargo, la crisis no ha impedido que el Gobierno concediera hace pocos días 134 millones de euros en subvenciones para la formación de trabajadores ocupados. De esos millones, 24 van a parar a CCOO y UGT.
24 millones de euros son 4.000 millones de pesetas, 4.000 millones de pesetas, dinero que es una parte de las subvenciones que recibirán a lo largo de este año y, seguro, en los próximos años.
Se me plantean las siguientes cuestiones:
Con esa ‘pasta gansa’, ¿quién sale a la calle a defender los derechos laborales de nadie y enfrentarse al Gobierno, al mismo que te da de comer? Como mucho alguna ‘manifestacioncilla’ contra la crisis, en genérico, para que se vea que hacen algo.
Si no hay dinero público, no hay sindicatos que valgan. Debería cambiarse ya el modelo sindical, y que se financien con sus propios fondos, y que alquilen sus sedes con su propio dinero, y que subsistan, si pueden, con recursos privados. Obviamente, facilitando el correspondiente periodo de transición.
No se trata que desaparezcan, se trata de que se transformen en organizaciones de defensa real de los derechos de los trabajadores, sin dinero público y sin intereses partidistas.
Esta última subvención, 24 millones de euros –la Fundación Laboral de la Construcción se lleva 45,8 millones-, ¿por qué no se ha distribuido entre empresas de la industria auxiliar de los RRHH, en concreto del subsector de la formación? de tal manera que generen riqueza y empleo y no acaben cerrando como está sucediendo.
¿Se audita el dinero público gastado por los sindicatos? ¿Quién merece que se le paguen 12.000 euros por dar una conferencia? Si fuera una empresa privada, con gestión y cuentas inmaculadas, allá ella; pero un sindicato, con dinero público… ¿Quién dio la orden de pagarlo?
Por último, el caso Seat ha venido a demostrar que las centrales sindicales son prescindibles en muchos supuestos de representación sindical, primero, e independientemente del asunto del fabricante de coches, por su escaso número de afiliados, y segundo, porque, recuperando lo sucedido en Seat Martorell, fueron los trabajadores los que mandaron sobre su propio destino ante la falta de acuerdo sindical. Hasta CCOO tuvo que pedir disculpas por el espectáculo dado, y sólo se salvó UGT, todo hay que decirlo.
Por desgracia, ningún Gobierno del partido que sea se atreverá nunca a meter mano a la ‘Cosa Nostra’ sindical, y tanto unos como otros han tenido oportunidad de hacerlo. A final, la sangría la pagamos los contribuyentes, y también los coches oficiales, los sueldos públicos, las dietas y lo que haga falta.
Qué vergüenza.
Por Enrique Navarro, Director de RRHH Digital
,